Planeación Participativa como estrategia para ejercer el control social ciudadano.

Planeación Participativa como estrategia para ejercer el control social ciudadano.


El Nuevo escenario Territorial.

A comienzos de los 90, la sociedad colombiana ha dado un viraje profundo en su trama y en su constitución, así como en las prácticas de legitimación de las distintas Instituciones.

Un profundo desencanto frente a la modernidad, la pérdida de las utopías de cambio social a través de la movilización de masas, vuelven a la ciudadanía más apática, si se mira desde el orden de los grandes proyectos, y más afecta a la lucha por la supervivencia cotidiana, por los espacios de lo pequeño y lo práctico. La cultura de la sociedad civil integra así nuevos elementos democrático-liberales, revaloriza lo institucional, de las mediaciones y del pluralismo sobre el anterior énfasis en lo social.

Una crisis de representatividad se hace patente: los ciudadanos ya no creen en la política como medio de resolución de sus necesidades de equidad y progreso, y caen sólidas instituciones como sindicatos, partidos políticos y gobernantes.

La "afiliación", se da en otros ámbitos diferentes a los tradicionales: en el plano de lo individual y privado, en el plano de los pequeños proyectos, presupuestos que permiten pensar lo cotidiano, los espacios de lo que realmente se puede hacer con los recursos existentes, de alguna manera las utopías se revalúan.

El antiguo modelo de militancia de los ´70, cuyo rasgo más distintivo era la inserción del militante en barrios y fábricas con el propósito de reclutar cuadros, ya no existe. Ahora la militancia es más doméstica y específica: la gente se reúne para resolver problemas concretos. Los asentamientos, los centros vecinales, las comisiones de fomento y las cooperativas de vivienda, entre tantos otros grupos que surgen espontáneamente, son una clara muestra de que la política ha adquirido nuevas formas, y, en especial, límites .

Hay falta de expectativas respecto de la política, que aparece como un mal menor, donde los representantes parecen sólo reparar en sí mismos y en sus negocios particulares. Lo cual, así mismo, como un alud, desacredita más y más el ámbito político y de la función pública, convirtiéndolo en el lugar de los corruptos inmorales. Y como se ve, la dirección de la participación se dirige a otras formas asociativas, más vinculadas con lo socio-cultural (movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales y sobre aspectos puntuales).

Así, la nueva modernización constituye lazos más débiles entre Sociedad civil y Estado, favoreciendo una cultura más pragmática e individualista. A la vez que las representaciones sociales sobre sindicatos y partidos políticos se deterioran y se desagregan los grupos nucleados a su alrededor, nuevas pertenencias y sentidos cobran lugar: aparecen movimientos sociales o territoriales que crean un nuevo entramado social, las ONG´s (Organizaciones No Gubernamentales), como una nueva forma de mediación entre el individuo y el Estado.

A través de proporcionar apoyo a las organizaciones de base desde una perspectiva no asistencial sino de desarrollo y promoción, de la resolución de necesidades básicas a partir de las propias capacidades de los actores implicados –frecuentemente a nivel barrial-, estas organizaciones conquistan un espacio propio acentuando la tendencia a dejar de girar alrededor del poder central del Estado –produciendo un cambio en el lazo social: allí donde anteriormente se ha privilegiado el grupo, la autonomía y la unidad, ahora va a privilegiarse al individuo, la autonomía y la diversidad- para comenzar a ocuparse de las problemáticas que circulan en las bases de la sociedad.

De alguna manera, estas organizaciones territoriales o locales van constituyendo un nuevo esquema de relación con el Estado y entre la misma sociedad, para no sólo demandar propuestas de asistencia social, sino también para involucrarse en el proceso de diseño de una política pública que represente los diversos y particulares intereses.

En muchas ocasiones de maduración de estos procesos locales de gestión social, se configuran procesos de articulación mayores a través de lo que se denomina redes sociales, las cuales se convierten en estructuras institucionales más, en los cuales se congregan proyectos de carácter más regional en lo territorial, más eficiente en la utilización y articulación de recursos financieros, y más legítimos y representativos en cuanto a los procesos de repolitización de la sociedad.

Esta repolitización, analiza los nuevos procesos de globalización social, económica y cultural, y verifica la pertinencia de los nuevos negocios locales que buscan proveer empleo a la gente local, aumentar los impuestos locales para mantener la infraestructura pública y para la provisión de los servicios públicos y sociales, y desarrollar mayores niveles de participación en la vida comunitaria, compitiendo justamente con negocios similares en mercados que no tienen elementos dominantes.

Lo que existen son opciones, no tanto alternativas, a la economía capitalista. No obstante, en vez de exclamar pasivamente que no existe ninguna otra alternativa, se tiene que reconocer que se puede tener el control y la influencia para dar forma al futuro, a través de acciones, ideas y la política.

En este punto la sociedad civil solicita fortalecer y profundizar los modelos de descentralización político administrativa, como una manera que permita contrarrestar el nuevo modelo económico, promoviendo la gestión de proyectos de desarrollo con una fuerte base comunitaria, que generan oportunidades de acceso a los recursos por parte de los excluidos y que fortalecen su responsabilidad para evaluar sus propias necesidades prioritamente por sobre sus deseos o preferencias, utilizando otros medios que eleven las condiciones de vida, estableciendo empresas que puedan proveer los servicios públicos proporcionados localmente a los ciudadanos o consumidores, y proporcionando también oportunidades para involucrarse y para responsabilizarse mediante mecanismos de competencia y colaboración.

Para el caso colombiano, este proceso de descentralización ha estado acompañado de la importancia y aplicación de teorías relacionadas con la organización del Estado, que necesariamente, no corresponden con las características de organización y concepción del Estado en Colombia.

Es evidente que algunas de las teorías presentan tensiones entre sí. A manera de ejemplo, resulta poco compatible y por tanto genera resultados diferentes a los esperados u obtenidos en otros países, un sistema de aseguramiento en salud bajo un esquema de aseguradores privados y prestadores mixtos, y una distribución de funciones en materia de prestación entre los diferentes niveles territoriales de gobierno, mezclando una descentralización hacia el mercado con una posible descentralización por devolución de diseño exclusivamente estatal .

A pesar de ello, el gobierno local tiene un papel crucial en las negociaciones de un nuevo esquema social entre el Estado, el mercado y la sociedad civil. Los defensores de las ONG’s contraponen el poder local al poder estatal argumentando que éste se encuentra distante y con intereses distintos al de sus ciudadanos. Es además autónomo, arbitrario y ejercido por una clase dominante y explotadora. El poder local, sostienen, responde directamente a la ciudadanía porque está más cerca. Estos argumentos justifican las acciones de las organizaciones no gubernamentales como intermediarios entre los organismos multinacionales y organizaciones transnacionales patrocinadores, y los gobiernos locales afectos al libre mercado para fortalecer los gobiernos neoliberales.

El gobierno local está involucrándose cada vez más en un fuerte y persistente apego al concepto de autosuficiencia y autonomía. El gobierno local ha sido relegado a una política de descentralización que limita la reforma del Estado y a ser los ejecutores de políticas y decisiones que se toman en otros niveles del centro del Estado.

La reconstrucción territorial que privilegia al gobierno local en la determinación autónoma de espacios de decisión pública de abajo hacia arriba, tiene que promover la corresponsabilidad de las competencias en la gestión pública en los diferentes niveles de gobierno y en la concertación de proyectos conjuntos de desarrollo entre los sectores público y privado.



Los gobiernos locales constituyen las instancias más próximas a la ciudadanía y tienen una función importante como agentes del desarrollo económico y social de las localidades en la dinámica de una economía globalizada. El nuevo gobierno local, de acuerdo a la Unión Iberoamericana de Municipalistas (DHIAL, 2001), "reivindica el trabajo en equipo, visión y estrategias conjuntas, democracia de deliberación, participación ciudadana, fortalecimiento de las capacidades del gobierno local para abordar los problemas de desarrollo, el rescate de la metodología de la planificación popular y de seguimiento y rendición de cuentas". En la agenda del gobierno local, su reinvención política se expresa en la urgencia por promover las competencias del municipio en materia de promoción del desarrollo .

La participación política de la ciudadanía en los gobiernos locales no debe reducirse exclusivamente a la elección de representantes; pueden asumir la responsabilidad de la institucionalización de una política social y de servicios públicos que estén menos centralizados; pueden participar en decisiones de gestión pública local, tales como el gasto público e inversiones (presupuestos participativos), así como en la obtención de fondos e ingresos presupuestales.

Para que la política social, al igual que todas las políticas públicas, sean incluyentes y orientadas al desarrollo humano, requieren de la democracia como plataforma para los procesos de toma de decisiones. El desarrollo humano se manifiesta en el espacio del desarrollo local como la expresión del capital social que resulta de la participación de todos los agentes económicos y actores políticos en los diferentes procesos de decisiones. Los tomadores de decisiones y los formuladores de las políticas públicas deben descentralizar las operaciones de los programas para llevar los servicios lo más cercano posible, a la gente que tiene que ser servida. Además, deben saber como garantizar la rendición de cuentas, consultas y debates públicos de los alcances y limitaciones de dichas políticas y saber como asegurar buena práctica, a través de las diferentes unidades de servicio en unidades dispersas.

Los gobiernos locales tienen una importante función para alentar la participación de la ciudadanía a través de la formación de comités y otras actividades, es decir, en muchos casos para iniciar estos procesos de participación ciudadana se necesita voluntad política del gobierno local o territorial, sin que ello conlleve a socavar la autonomía de los procesos participativos locales.

La capacidad reguladora y fiscalizadora de los entes territoriales es insuficiente, los recursos humanos disponibles están aún insertos en un sistema estatutario inflexible que impide readecuaciones, y sus limitaciones restringen los intentos de atraer cuadros directivos o gerenciales mejor calificados para llevar a cabo las modernizaciones que se reclaman. Este contexto exige un involucramiento ciudadano en las decisiones del gobierno local, es decir, exigen un encuentro entre los ejercicios de la democracia representativa y la democracia directa.

Para superar parte de estos problemas, una nueva territorialización es conveniente a efecto de que mediante la formación de asociaciones que mancomunen los recursos y esfuerzos de varios municipios, se formalicen propuestas concretas de desarrollo mediante la creación de instrumentos de apoyo a la gestión municipal acorde al desarrollo regional. La gestión pública local requiere de una delimitación de la estructura territorial para aprovechar las ventajas de las negociaciones y estrategias del asociacionismo. Estas nuevas formas de asociacionismo de municipios para la producción y entrega de servicios públicos, trascienden la división política misma para encontrar soluciones conjuntas a problemas similares en forma más efectiva y mediante la generación de economías de escala, dadas las limitaciones espaciales, de capacidades y de recursos.

Los municipios orientan su desarrollo económico en función de las estrategias del mercado, por lo que la satisfacción de los requerimientos y demandas de los agentes económicos tiene como finalidad incrementar la competitividad.

Adicionalmente, la descentralización significa el cambio en la aplicación de los modelos socioeconómicos que tradicionalmente han regido los destinos del país, que han estado basados en la premisa de que es posible inducir el desarrollo concentrando oportunidades en algunas regiones, ciudades o en determinados sectores o agentes productivos. Al transferir recursos, funciones y responsabilidades a las regiones, éstas adquieren un papel protagónico y el Estado adopta un modelo de crecimiento basado en el desarrollo social y regional, en un equilibrio entre la iniciativa privada y la intervención del Estado y en un nuevo ordenamiento de relaciones intergubernamentales.

Estas reformas determinan una redistribución del poder político, porque el ciudadano elige a los mandatarios locales, conllevan una redistribución del poder económico al fortalecer las finanzas municipales y aumentar el porcentaje de recursos cedidos por el Gobierno Central a los municipios; implican a su vez una redistribución institucional de funciones y competencias entre las diversas esferas del gobierno, de una parte, al asumir los gobiernos municipales la responsabilidad de proveer servicios productivos y sociales a sus respectivas localidades y, de otra, al adoptar diversas entidades del orden central mecanismos de cofinanciación para apoyar estas iniciativas. A la vez, departamentos y municipios transforman su estructura, los primeros para cumplir una gestión de promoción del desarrollo municipal en un ámbito regional y los municipios para mejorar su eficiencia en la prestación de servicios de carácter local.

En ese contexto, las redes sociales y la interacción constituyen una parte esencial en cualquier modelo de coordinación de servicios sociales, especialmente cuando la tendencia del Estado es desatenderse de estos servicios que antes aseguraba. La centralización de la provisión de bienes y servicios públicos limita la eficiencia en la asignación en función de las preferencias colectivas y en el uso de los costos de transacción.

En la provisión de bienes y servicios públicos, el Estado tiene como responsabilidad lograr que el mercado logre una mayor eficiencia mediante la reducción de los costos de transacción en las negociaciones.

Todo este contexto, comienza a desarrollarse a partir de la década de los ochenta, desde cuando por ejemplo, los servicios públicos están siendo más orientados al consumidor, impactados por numerosos cambios entre los que se incluyen: la introducción de administradores y de prácticas administrativas, la sujeción de profesionales a la supervisión administrativa, un uso más amplio de contratos para manejar los servicios públicos y el crecimiento de una economía mixta, un mejor manejo de los presupuestos, intentos para otorgar poder a los ciudadanos y a los usuarios de los servicios públicos, desarrollos en trabajo interinstitucional y experimentos en sociedades públicas-privadas, incremento del control por el gobierno central en algunas áreas, la emergencia regional unida a la administración central del gobierno.

Planeación y Control Social.

La utilización de una práctica “participativa” por parte del Estado o de sus entidades, no garantiza la construcción de la democracia participativa, sino que dichas prácticas tienen que insertarse dentro de un contexto social y político de amplio alcance (modelo de desarrollo – visión de futuro), es decir, en un modelo de desarrollo local, zonal, subregional y departamental que busque la eficiencia en la utilización de los recursos, la validación de las visiones compartidas, y las apuestas programáticas, sectoriales, institucionales e individuales.

Este propósito se enmarca dentro de cuatro aspectos de intervención social para tener en cuenta:

• El político, en la medida en que redistribuye el acceso a la toma de decisiones por parte de todos los actores sociales.

• El democrático, en la medida en que crea las condiciones para que la población pueda hacer llegar su voz y su propuesta a todo nivel. De población objetivo-objeto, se pasa a ser agente-sujeto activo de la ciudadanía.

• El pedagógico, en la medida en que necesita de un aprendizaje mutuo entre administraciones públicas y sociedad civil. Implica espacios de encuentro y una metodología en la cual todos y todas se reconozcan como actores relevantes del desarrollo y de las decisiones locales, que promulguen el respeto mutuo de valores y culturas, el valor de los conocimientos locales, la elaboración de códigos de conducta y de lenguaje.

• El Comunicacional, para fortalecer y crear redes de participación, que le apuesten a un intercambio social de experiencias y conocimientos frente a los procesos de desarrollo y control social. (Comunicación Pública).



Ahora bien, por control social se ha dicho, que es aquella forma de participación y planeación que permite a los particulares, que actúan individualmente o en grupos formales o informales de la sociedad, influir lícitamente sobre las condiciones de modo, tiempo y lugar en que el Estado, a través de los organismos de cualquiera de sus tres ramas de poder, lleva a cabo su actividad, para orientarla hacia el cumplimiento de sus fines esenciales.

Ese Estado a su vez, se sustenta en la normatividad que regula su actuación, a través de la equitativa, eficiente, y transparente destinación y utilización de recursos, y el logro de los objetivos propuestos, todo en correspondencia con el interés general.

Para adecuar este tipo de planeación a los sujetos del desarrollo, es necesario detenerse por un momento a repensar que es lo que realmente se pretende planificar y gestionar.

Quizá una de las debilidades del modelo de planeación actual, particularmente en Colombia, es que se ha olvidado que la identificación de los problemas del desarrollo y la definición automática de obras y de algunas acciones institucionales como respuesta a cada problema, es una manera mecánica y demasiado simple de comprender y actuar sobre la compleja organización del territorio municipal; y es a partir de la compresión del significado del territorio y su rol en el desarrollo municipal donde se puede encontrar la manera de reenfocar la planificación.

El territorio municipal está constituido por una serie de elementos interdependientes (orografía, hidrografía, ecosistemas, asentamientos poblacionales y de actividades económicas, infraestructuras, vías, equipamientos, instituciones públicas, privadas, comunitarias, etc.) muy variables, naturales, artificiales, naturales en diverso grado de modificación y de intervención, fijos, móviles, estacionales, temporales en diverso grado, dependientes del modelo de producción y del grado de organización sociopolítica y cultural.

El reto de las autoridades, organizaciones sociales e instancias del sistema de planeación en cualquier sociedad, lideradas principalmente por los Alcaldes, es orientar de manera armónica las interrelaciones y el crecimiento del conjunto de los anteriores elementos, y para eso debe administrar, controlar y gestionar el desarrollo local.

En ese sentido, la administración es una forma de manejo de factores (financieros e institucionales principalmente), que se limita a ejercer una ordenación y control burocrático sobre procesos para que todo siga funcionando igual, su objetivo ha sido la preservación de la administración por sí y para sí misma.

Controlar, significa no exclusivamente vigilar el rumbo de los asuntos definidos colectivamente, sino también, el involucramiento social en las decisiones públicas desde el momento mismo de su definición.

En contraste, la gestión se caracteriza por realizarse en función de objetivos y de una serie de políticas y acciones (entre ellas las administrativas) para alcanzar unos propósitos de cambio y mejoramiento creciente. En tal sentido puede haber administración sin gestión ni control, aunque no gestión sin administración y control.

Esto último se considera que es uno de los grandes problemas de la planificación: se planifica más para administrar unos recursos escasos y para controlar el déficit fiscal, que para controlar el desarrollo territorial.

Desde la perspectiva del desarrollo endógeno, en los estudios sobre municipios y regiones que han logrado insertarse exitosamente en los nuevos procesos de desarrollo, se reconoce que cuando sus territorios se comprenden y gestionan como un organismo dinámico, como sujetos del desarrollo, y no sólo como el campo de operaciones de intereses económicos y políticos externos; activando, a través de sus propios agentes y organizaciones los capitales para el desarrollo territorial (organización social, conocimiento, capital social, incorporación y creación de innovaciones, aprovechamiento del conocimiento tácito y ancestral), se tendrá capacidad para crecer en un mundo hostil.

Por lo tanto lo que realmente debería ser sujeto de gestión no son los componentes físicos del territorio (naturales, construidos) sino las relaciones de la sociedad con su entorno, en función de unos objetivos de desarrollo.

Para planificar y controlar esa gestión que se requiere, es importante tener presente que los territorios cambian lenta y desorganizadamente, y si se compara ese cambio con los tiempos políticos y de administración, parecen incompatibles las lógicas que los pueden unir, para producir transformaciones que sólo es posible alcanzar acumulando e integrando las actuaciones en el corto y largo plazo.

Planificar en medio de la ingobernabilidad para intervenir los factores de desarrollo económico, social, políticos e institucionales que están en la base de las problemáticas particulares de cada territorio, parece ser uno de los retos actuales a lograr por parte del Estado en Colombia, retomando las riendas del desarrollo, y renovando los procesos de la planificación y del control ciudadano como elementos esenciales del mismo.

Para el efecto los planes locales, territoriales y regionales, deben ir más allá de ser herramientas para administrar unos escasos recursos transferidos desde el nivel del gobierno central y requieren repensarse como instrumentos para aprovechar y potenciar no sólo unos escasos recursos financieros, sino para crear nuevos capitales sociales, institucionales, de conocimiento y políticos, activando los potenciales de desarrollo territorial endógeno que poseen todos los municipios.

El establecimiento de grandes objetivos de desarrollo debe ir acompañado de un análisis de las fuerzas sociales y políticas que prevalecen localmente y establecen las relaciones de poder y de dominación, como elementos condicionantes para el diseño y gestión estratégica que es sustancial en el proceso de planificación.

Un plan que pretenda realmente elevar el bienestar de los grupos marginados, en contraposición con las estructuras de dominación dirigidas por determinados agentes sociales y políticos, no puede dejar en segundo término la organización de los primeros como fuerzas sociales. El establecimiento de los objetivos y metas de los programas no podrá hacerse a través del uso directo de normas que sólo funcionan bajo condiciones ideales, sino en relación con las situaciones particulares políticas coyunturales, sus tendencias y las posibilidades organizativas presentes y futuras.

Por lo tanto, es importante que los programas y proyectos sean resultado de un análisis estratégico de la coyuntura y de las tendencias económicas, sociales y políticas en el orden local, regional, nacional e internacional, teniendo en mente unos objetivos de desarrollo compartidos. Esto podrá ser pretencioso y en principio inalcanzable para la mayoría de municipios, pero se trata de establecer el tipo de planeación que se requiere para actuar efectivamente sobre los factores de desarrollo, y sobre ese acuerdo se deberá definir la forma de hacer viable ese tipo de planeación.

Esto implicará entre otros aspectos, recuperación de valores, construcción de capital social, formación de capitales territoriales endógenos. Si eso es lo que requiere el plan de desarrollo que tradicionalmente ha estado ceñido a las obras, quedado claro que es insuficiente.

En el contexto colombiano, reencuentran grupos sociales heterogéneos, fragmentados por la situación de conflicto interno, temerosos, amenazados, que requieren unirse alrededor de consensos de desarrollo y de procesos de planificación que se dirija a la recuperación de la memoria colectiva, al reconocimiento y construcción de identidad, a la generación de confianza, y en este contexto, el asociativismo municipal (a través de asociaciones municipales, por ejemplo) ofrece una contribución fundamental para retomar la gobernabilidad.

Para lograr tal fin, es necesario unir procesos de control social ciudadano como herramienta esencial de la planificación territorial, para la búsqueda conjunta de alternativas de acción, mirando más allá de lo inmediato, fomentando una planificación interactiva, proactiva, que forme planificadores con capacidad de previsión y autogestores, generando capacidad de autodesarrollo local.

Los procesos sociales que encarnan la participación en la gestión y la planeación en Colombia, han seguido uno de estos tres caminos: i) La cooptación por las dinámicas clientelistas o las armadas; ii) la irrelevancia de la acción participativa en esos espacios; participación sin dimensión política que carece de capacidad para incidir de manera significativa en las decisiones de las instancias de planeación, y iii) la artificialidad y formalismo, sólo para cumplir requisitos .

Los desfases entre la modernización del Estado y la democratización de la vida social, y entre la participación y conflicto armado en Colombia, mediados por falta de proyectos políticos, están mostrando la gran vulnerabilidad de las acciones colectivas y de los procesos de participación, en la planeación y la descentralización. “La gran desconexión entre la esfera de la gestión y la esfera de la política están poniendo de presente que sin un catalizador (uno o varios partidos, frentes políticos, u organizaciones permanentes, con proyectos políticos), que logren articular los diversos fragmentos sociales y les den sentido, orientación y dirección a su quehacer, los esfuerzos de la planeación participativa y de la descentralización pueden seguir librados a lo que de ellos haga el clientelismo postconstitucional o las dinámicas bélicas” ..

Se requieren mecanismos de participación en la planeación, que rescaten la credibilidad en las instituciones locales y que le den corresponsabilidad real a la comunidad. Desde el 2001, se ha estado observando con interés la experiencia de los presupuestos participativos que han realizado varios municipios en el Brasil y que están mostrando resultados importantes en las formas de asignar los recursos y de gestionarlos, particularmente transformando las relaciones Estado/sociedad y de las relaciones de la sociedad civil, mostrando un camino para constituir una esfera pública más democrática e incluyente. Esta experiencia se está adaptando y multiplicando en varios países y actualmente en algunos municipios y departamentos de Colombia.

Los análisis realizados sobre los cambios inducidos por la práctica del presupuesto participativo indican que el surgimiento y formación de espacios innovadores permiten un ejercicio más apropiado de la democracia directa e indirecta y de derechos de la ciudadanía. Igualmente ante la existencia de grandes disparidades regionales y socioeconómicas que caracterizan una profunda “dualidad” y fragmentación del tejido social, se renueva la importancia de políticas públicas como el presupuesto participativo, en la medida en que ellas configuran como mecanismos de combate a las vulnerabilidades y al conflicto. El presupuesto participativo se dirige a dar respuesta a formas de relación sociedad civil administración pública que presionen la adopción de reformas que profundicen el control público sobre los gobiernos, la democratización de los ámbitos de decisión y la transparencia de los niveles de gobierno y de la representación política.

El ejercicio de los presupuestos participativos tiene las siguientes características comunes : Participación abierta de todos los ciudadanos sin ningún status especial atribuido a cualquier organización, inclusive las comunitarias; combinación de democracia directa y representativa, cuya dinámica institucional a tribuye a los propios participantes la definición de las reglas internas; asignación de los recursos basada en la combinación de criterios generales y técnicos, compatibilizando las decisiones y reglas generales establecidas por los participantes con las exigencias técnicas y legales de la acción gubernamental, atendiendo los límites financieros.

También en el caso colombiano, diferentes experiencias de control social en los proceso de planificación territorial (local, subregional o departamental), en muchos de los casos promovidos por entidades estatales, hacen entender que estos procesos conllevan elementos de aprendizaje y apropiación social, que potencian las autonomías locales y debaten a su vez temas tan prioritarios como el ordenamiento territorial y la descentralización político administrativa.

El Ciclo del Control Social.

En general los procesos de planificación ciudadana en Colombia, han desarrollado teórica y metodológicamente unos elementos que configuran el Ciclo del Control Social. Los siguientes son los pasos:

Priorización de necesidades municipales, territoriales y poblacionales.

En esta etapa se busca que de manera ordenada y a través de un amplio y ordenado debate (puede ser por medio de mesas temáticas, ejes de discusión, entre otras), se logre ordenar jerárquicamente las principales propuestas de desarrollo que atiendan al mismo tiempo, las necesidades inmediatas de la población urbana y rural, pero también aquellas que configuran territorialmente un amplio sector, incluso articulando con otros entes territoriales vecinos. En este punto es importante no perder de vista las necesidades prioritarias de carácter estratégico regional, y al mismo tiempo las que poseen los sectores más vulnerables y excluidos de la población.

Un punto esencial de esta etapa, es lograr convocar y que hagan parte del proceso, de manera ordenada, todos los sectores organizados o no de la población, de tal manera que se articule una propuesta de priorización representativa y de priorización directa.

Formulación modelo y visión de desarrollo municipal.
A través de una propuesta metodológica de discusión y planeación prospectiva con todos los sectores del desarrollo local y regional, se determina, en articulación con entes de carácter nacional, departamental, internacional y local, un modelo de desarrollo que configure de manera sistemática, los escenarios que se deben realizar para lograr la visión determinada en los diferentes encuentros de concertación, debate y decisión.

Aquí se formulan planes, programas y proyectos, que permitan formular técnicamente la solución total o parcial de las demandas locales o regionales, definiendo con claridad los responsables, el modelo para gestionarlos, y los recursos y responsables necesarios para que sean reales, en el tiempo que se considere pertinente, más allá del gobierno local de turno, o del involucramiento de los intereses particulares o partidistas. En este punto se crean comisiones de seguimiento y control a lo acordado.

Creación y/o consolidación del Banco de proyectos municipal.

Este es un espacio físico-metodológico, ubicado por lo general en las secretarias de planeación de cada municipio, en el cual se procesan y se ordenan los proyectos, planes y programas definidos en el paso anterior del ciclo. Es en el Banco de proyectos donde un equipo técnico ordena y prepara los proyectos para ser presentados de manera ordenada, y según el tiempo previsto, a los organismos de cooperación internacional, a los entes departamentales y nacionales. Lo que se trata de evitar aquí es la duplicidad o el desorden en la presentación de los proyectos, por parte de las administraciones locales, las asociaciones de municipios, o eventualmente a los líderes y grupos comunitarios locales, de tal forma que exista eficiencia en la búsqueda de recursos externos al territorio.

Verificación del estado del proyecto (Viabilización técnica y social).

Esta etapa posee dos responsables. El primero es el ente receptor del proyecto, sea nacional, departamental, de cooperación internacional, o eventualmente privado. Éstos viabilizan técnicamente los proyectos presentados, según la disponibilidad de recursos, el tiempo de ejecución, el impacto esperado y la población beneficiada; de tal manera que no presente dificultades en su aprobación y se ajuste a las políticas de cada entidad.

Por otro lado, se encuentran como responsables de esta etapa, los gobiernos locales que son generalmente quienes presentan los proyectos una vez cumplidas las etapas anteriores, y en tanto éstos, son quienes traducen técnicamente las demandas poblacionales concertadas previamente.

Aprobación de proyectos por parte de los entes financiadores.

En esta etapa se desarrollan varios procesos paralelos. El primero de ellos, en cuanto a la definición y ajustes técnicos del proyecto ya revisado, en el cual se determina la pertinencia en la inversión por parte del ente financiador. En segundo lugar, se determina conjuntamente con el ente territorial y eventualmente con las comunidades, los aportes complementarios que intervendrían por parte de ellos en el proyecto (generalmente se le denomina contrapartida). En tercer lugar se le informaría a todos los sectores de la población, y no exclusivamente los beneficiarios directos del proyecto, sobre los alcances y acuerdos logrados entre la partes involucradas, de tal forma que se ejerza un control permanente a la ejecución de dichos recursos y se acompañe el desarrollo técnico del mismo.

Formalización de convenios entre las partes.

Este proceso se desarrolla en el municipio o la región beneficiaria del proyecto, la cual, mediante acto público suscribe con su autoridad local y con el ente financiador, un acta de compromiso para la conformación de un comité ciudadano de veeduría, que si bien ha venido actuando desde las primeras etapas, en este momento del proceso, se consolidan a su vez, comités temáticos para ejercer la labor ciudadana de manera ordenada y metódica (por ejemplo el comité de finanzas que tiene como función verificar el correcto desembolso y ejecución del presupuesto global y parcial; o el comité técnico, que previamente se capacita y configura una alianza con las interventorias contratadas por el ente financiador, para verificar y acordar el normal desarrollo de lo previsto en el contrato).

Contratación pública para ejecución del proyecto.

En esta etapa y en la anterior, son los momentos en los que históricamente la comunidad ha sido desplazada por los intereses particulares, o por los procesos a “puerta cerrada” entre entes ejecutores y entes financiadores, y que por demás ha llevado a desarrollar diversas y tecnificadas prácticas de corrupción; por lo tanto, es principalmente en esta etapa, en la cual se deben visibilizar los procedimientos para convocar y contratar públicamente los posibles ejecutores técnicos del proyecto y de los recursos asignados o gestionados por el ente territorial.

En este punto, se sugiere convocar y anunciar de manera amplia los procedimientos, requisitos, tiempos y responsabilidades de quienes como técnicos ejecutarían los recursos mencionados anteriormente. Es muy importante desarrollar estrategias ciudadanas de audiencia públicas, en las cuales estén presentes todos los actores locales como garantes de que el procedimiento de asignación técnica, tanto para contratistas como para interventores, se dé con la mayor transparencia posible, con definiciones de cronogramas, presupuesto, equipo de trabajo, dirección donde se ubicarían, mecanismo de reuniones permanentes de concertación e información, entre otras.

Iniciación y adecuación de la(s) obra(s).

En esta etapa es importante resaltar que este proceso no sólo se da para obras de infraestructura, sino también para procesos ciudadanos de concertación y diseño de una política pública.

De igual forma vale anotar que esta etapa del proceso de Control Social, busca adecuar a la realidad y al momento, los ajustes necesarios concertados entre la comunidad. Esto puede suceder en tanto, los tiempos previstos para el inicio del proyecto sufren en muchas ocasiones un desajuste de tiempo debido a los ritmos institucionales especialmente.

Seguimiento del proyecto (monitoreo social diferentes actores).

Desde las primeras etapas del proceso, se determinó crear mecanismos de verificación y seguimiento a la ejecución del proyecto, pero también, y esto es muy importante, al proceso de control social en general, que permita constatar la realización de los pactos iniciales, la concreción de los escenarios creados y los ajustes necesarios para cumplir colectivamente los pactos acordados en la visión y en los planes de desarrollo territorial.

En muchos de los casos, esta etapa la asume el comité designado desde el inicio para tal fin, o las veedurías y comités designados, o bien, es posible que se necesite contratar agentes externos que atiendan cuestiones técnicas que entre los actores locales no es posible asumir.

Es muy importante lograr en este punto, consolidar una cultura de la rendición pública de cuentas, no solamente por parte de los gobiernos locales, sino también de las veedurías ciudadanas, las interventorias técnicas, y los contratistas que ejecutan los recursos asignados.

Entrega de proyectos.

Públicamente los actores involucrados en el diseño, ejecución y monitoreo informan y hacen entrega publica del proyecto, realizando un recuento de cada una de las etapas y de la manera cómo se llevaron a cabo cada una de ellas.

Se analiza y se compromete, principalmente a los actores locales del desarrollo a generar estrategias de sostenibilidad del proyecto, y eventualmente de rentabilidad social del mismo, de tal manera que las veedurías comunitarias no terminen exclusivamente su labor al mismo tiempo que se entregan oficialmente los proyectos.

Es así como este ciclo del control social, es una herramienta ciudadana más que contribuye a la utilización adecuada, por un lado, de las herramientas jurídicas existentes para entender los procesos de gestión pública, y por otro, para determinar colectivamente el rumbo de desarrollo, las inversiones estatales y privadas, y el diseño de las políticas públicas que se deben implementar en una determinada sociedad, sea esta de carácter municipal, departamental o nacional.

En conclusión, es así como este ciclo del control social es un instrumento ciudadano más, que contribuye a la utilización adecuada, por un lado de las herramientas jurídicas existentes para entender los procesos de gestión pública, y por otro para determinar colectivamente el rumbo del desarrollo, de las inversiones estatales y privadas, y del diseño de las políticas públicas que se deben implementar en un determinado espacio geográfico, bien sea de carácter municipal, departamental o nacional.