Control social

El concepto de política, presenta diversas definiciones, según la disciplina que la aborde y según el contexto socio cultural en el cual se desarrolle, generando de esta manera, múltiples interpretaciones de la realidad social y de las acciones que determinados grupos humanos realizan para la búsqueda de la satisfacción de sus necesidades e intereses.


De igual manera, resulta importante y casi imposible, no asociar dicho concepto con el de poder, pues la unión de ambos resulta en una interesante posibilidad humana de dominación y representación.

La política, ha sido concebida como una pluralidad de centros de poder y las relaciones existentes entre ellos, y estas son consideradas esencialmente como relaciones de fuerza, unas veces permanentes, otras variables, modeladas por episodios de resistencia y rendimiento, de rebelión y sumisión, la idea de política que viene delineada es la que se refiere a la de un conflicto, más aún del conflicto extremo, incorregible o antagonista cuyo éxito no coincide jamás con una verdadera solución, con una superación de la contradicción original, sino con el cristalizarse de ésta en la forma de imposición. La idea entonces de política que aquí se dilucida, es la de un orden colectivo, de una organización de la convivencia mediante reglas o normas imperativas emanadas del poder que “representa” la misma colectividad, y que impide la disgregación oponiéndose al resurgimiento de conflictos extremos .

Diríamos entonces, que la política es la actividad a través de la cual los grupos humanos toman decisiones colectivas e individuales para satisfacer sus intereses y/o necesidades. Esta concepción congrega una importante cantidad de actividades que deberían considerarse como políticas, desde las realizadas por una familia, o por un grupo de universitarios y estudiantes de secundaria, o en el contexto internacional, la realizada por un grupo de países para buscar beneficios comunes según las acciones planteadas.

Para el presente trabajo asumimos la anterior definición de política, centrándonos en un lugar exclusivo donde ésta se desarrolla: El Estado, entendido como aquella institución que recaba para sí, con éxito, el monopolio de la violencia legítima dentro de un territorio. No obstante es muy importante retener desde un principio que la política es una actividad que subyace y excede el marco estatal .

Ahora bien, esta definición de Estado, no prejuzga en sí misma cómo se toman decisiones colectivas, que bien pueden tomarse por consenso, por mayoría, democráticamente, por la violencia, por la fuerza, por la instancia más autorizada, entre otras. Es decir, esta definición nos permitiría hablar de diferentes estilos para abordar y realizar acciones desde la política, y serán determinadas según el contexto histórico desde donde se analicen.

Michael Foucault afirma, que los estados modernos desarrollan dos tendencias que enmarcan el nuevo orden interno y el control social, para superar su crisis y ejercer presencia permanente en todo el territorio, a saber:

La primera tendencia, acentuando el autoritarismo y la fuerza: la fascista, en donde el aparato estatal no puede ya asegurar el cumplimiento de sus funciones, más que a condición de dotarse así misma de un partido omnipresente, por encima de las leyes y fuera del derecho y que hace reinar el terror al lado del Estado, en sus mallas y en el propio aparato estatal.

La segunda tendencia, es más estratégica y consiste en la priorización del orden. Se presenta como un desinterés por parte del Estado por un cierto número de cosas, de problemas y de pequeños detalles hacia los cuales, hasta ahora, les dedicaba especial atención. El Estado no se halla en condiciones sociales, ni económicas, de ejercer poder omnipresente, puntilloso y costoso. Está obligado a economizar su propio ejercicio del poder.

En América Latina, ese modelo de Estado ha sufrido permanentes cambios, particularmente en las dos últimas décadas. Lo anterior se debe al surgimiento de un modelo ideológico que prioriza las individualidades de los seres humanos por encima de una colectividad que ha cumplido con la función de cuestionar el Estado y a la misma actividad política, tales como las instancias generales de representación, transformación y coordinación de determinada sociedad.

En este contexto de transformación de las sociedades, emergen cambios profundos de la política . Es así que, como respuesta a los cambios sociopolíticos, económicos y culturales que se manifiestan con la globalización, entre ellos, la competitividad, la reestructuración económica, los cambios en el mercado de trabajo, en la estructura de la población, en los modelos de la vida familiar, en las políticas del Estado sobre el empleo y la seguridad social, y sobretodo, en los cambios en la madurez institucional del estado de bienestar, en la actualidad se considera lo político desde una perspectiva mucho más amplia .

Esto quiere decir que los espacios de poder se han multiplicado y han dado paso a que las relaciones de éste se abran a la sociedad. Lo político se define actualmente de forma que pueda abarcar otras áreas de la vida social tales como el género, la etnia, el territorio, o la clase.

Por otro lado, en términos de espacio social, bajo este nuevo modelo ideológico, se encuentra en entredicho la centralidad de la política. La nueva diversidad estructural pone en jaque la función integradora de la política que pierde fuerza como vértice ordenador de la sociedad. En la medida en que una coordinación poli céntrica acota el ámbito de la política como instancia coordinadora de los procesos sociales, queda por redefinir no sólo el lugar, sino el valor mismo de la política, cuestionando por demás el ritmo del desarrollo social.

Este enfoque poli céntrico de generación de políticas públicas y de conceptualización de la política, tiende a considerar que las democracias liberales confían demasiado en que los individuos y los grupos articulen y representen sus propios intereses y valores en el sistema político. Es decir, que este tipo de procesos de toma de decisiones, por lo general de carácter público, es demasiado lento e incrementalista para responder a las crisis generales de la sociedad.

Además de lo anterior, se presenta también la informalidad de la política, en tanto los Estados se encuentran enfrentados a nuevos retos para lograr procesar y conducir las permanentes demandas sociales. El escaso tiempo de consenso entre los diferentes actores sociales y económicos, la débil cultura de planificación y seguimiento de las políticas públicas, hacen que los procesos políticos gocen de una corta vida de legitimidad, conduciendo así a la informalidad mencionada inicialmente.

En ese orden de ideas, los partidos y sistemas políticos en la mayoría de los países latinoamericanos, no ofrecen como antes, una claridad ideológica, como una apuesta diferenciada para resolver los problemas sociales, ni una estructura democrática interna que permita la confluencia de intereses y demandas ciudadanas. Lo anterior sucede a pesar de las transformaciones estatales que permiten, por ejemplo, a través de la descentralización de funciones, lograr que los ciudadanos y ciudadanas por medio de sus facciones partidistas locales y regionales, determinen la manera cómo se debe conducir y adecuar el territorio a las necesidades de quienes lo habitan.

En ese sentido, Enzo Faletto, asegura que en el plano social el problema más grave de los países latinoamericanos es la crisis de sus formas de integración interna. Esta se expresa en un alto grado de inequidad social, no solamente manifiesta en términos de diferencias en la distribución del ingreso, sino en profundas diferencias de modos de vida y en la ausencia de valores compartidos que constituyen principios de identidad nacional .

Por lo tanto, en este nuevo Estado latinoamericano, y dadas las influencias de las visiones mercado céntricas del desarrollo, las políticas sociales han tendido a definirse en términos de satisfacción de necesidades que son tanto de orden material como también cultural y político. Estas necesidades se consideran como fines últimos en función de los cuales debería orientarse la actividad productiva de bienes y servicios. La determinación de las necesidades es un intento de responder a la pregunta de para qué se consideran necesarios ciertos avances en el campo de la producción de bienes sino no están reflejados en la política social, ni en el interés de la mayoría de la población de un país.

Es un hecho que el nivel de necesidades a satisfacer varía históricamente, sin embargo se considera que deberían tener prioridad aquellas que se denominan necesidades básicas, siendo la meta que toda población del país logre satisfacerlas. Bajo esta perspectiva, el Estado debe garantizar la vigencia de un orden institucional que haga posible la permanente concertación de los diversos intereses que se expresan en la sociedad, generalmente, a través de mecanismos de participación en el ejercicio y determinación del poder y el rumbo estatal, principalmente en lo que hace referencia con la definición de una política social de carácter público.

Ahora bien, la política social por lo general, ha sido abordada desde dos concepciones. En primer lugar, como aquella en que el desarrollo social se concibe como un subproducto del desarrollo económico, por lo tanto existe una interdependencia entre ambos, una vez que son formuladas desde el Estado, quien a su vez, propone como bandera para garantizar su existencia, la estimulación del crecimiento económico, la reducción del déficit fiscal y la generación permanente de empleo productivo.

Complementario a esa primera concepción, el Estado ha entendido que no es posible dejar a un lado los elementos asistenciales de dicha política, en tanto diseña programas, fondos sociales y mecanismos de cooperación internacional, que acompañen a los sectores más vulnerables en el suministro y satisfacción de sus necesidades básicas insatisfechas, y en el acercamiento a la gestión pública local.

En segundo lugar, las políticas sociales son inspiradas en la noción del Estado mínimo , según el cual éste debe fungir únicamente como garante de las libertades individuales y de la iniciativa privada, y en el supuesto de que el mercado debe operar como mecanismo regulador de la economía y de la vida social. El modelo parte de una severa crítica al Estado intervencionista y a la política social asistencialista, dado que ésta generaba en los sectores más desfavorecidos de la sociedad, una cultura de la dependencia y la pasividad, en medio de una rampante corrupción y una permanente practica política clientelista.

A pesar de estas marcadas diferencias, es claro que actualmente en América Latina, dichas discusiones y planteamientos teóricos se desplazan como ideología o como modelo imperativo, según el régimen de gobierno y/o las prioridades en la agenda internacional.

Para el caso específico de la generación de mecanismos, actitudes y acciones ciudadanas para el ejercicio de Control Social a la gestión pública particularmente, es necesario entender que la política social es una política de fortalecimiento de la ciudadanía social, cuyo núcleo es la reivindicación de los derechos sociales, la cooperación, la participación y el rescate y fortalecimiento de la esfera pública.

El ejercicio de los derechos, en particular de los derechos económicos y sociales, es una dimensión del concepto de ciudadanía pero no lo agota allí. Hoy día se habla del ciudadano activo y virtuoso, es decir, aquel que adquiere un compromiso con la sociedad y con el Estado y, a través de él, contribuye a la consolidación de la democracia.

El ciudadano virtuoso es aquel que mantiene un vínculo de identidad con su comunidad local y nacional; que reconoce la existencia de otros ciudadanos diferentes a él, con quienes debe trabajar para promover el bienestar colectivo; que se autorregula y se siente responsable de las consecuencias de sus actos sobre el entorno .

Dicho enfoque propone avances y retos significativos en la promoción de la ciudadanía y en la responsabilización de cada actor o individuo, en velar por el interés general y en tener conciencia de que sus acciones individuales, afectan de una u otra manera a quienes les rodean; es decir, al mismo tiempo pueden sancionar acciones públicas, así como estar expuestos a ser sancionados públicamente.

En este sentido, J. Habermas pone en evidencia el hecho de que el medio a través del cual los ciudadanos podrían hacer valer su derecho a autodeterminarse se encuentra arraigado en la noción de soberanía popular. Por lo tanto, la idea de autonomía pública y de soberanía popular, se hace válida en el medio que proporciona el derecho. Para que exista ese medio, ese código, antes de que la idea de auto legislación pueda concebirse, es necesario que previamente se haya creado la dignidad de personas jurídicas, que como portadoras de derechos privados son portadoras de una asociación voluntaria de ciudadanos. Sin estos derechos previos no es concebible el medio necesario para que la idea de autonomía pública se fortalezca y se reclame. Se demuestra de esta manera conexión entre autodeterminación, promoción de acciones políticas y libertades privadas.

Dicha conexión se hace imperiosa en la medida en que tanto la autodeterminación, como la promoción de acciones políticas y las libertades privadas juegan un papel preponderante cuando de manera colectiva, se diseñan las agendas públicas, se visibilizan las diferencias y, promueven virtudes de un determinado grupo o individuo.

Según J. Rawls, las virtudes políticas de la actitud pluralista, de la confianza en el diálogo y de un fuerte sentido de imparcialidad, caracterizan al buen ciudadano en un Estado democrático. La disposición para escuchar a los demás y actuar con mentalidad de imparcialidad, de apego a lo justo, al decidir cuándo hacer los ajustes, razonablemente, para conciliar sus propios puntos de vista con sus conciudadanos, da cumplimiento a las virtudes de la civilidad .

Entre tanto, nuestra postura es la de entender las acciones del Control Social ciudadano, desde las condiciones estatales de la política democrática, la cual tiene que ver no sólo con quién y cómo se decide, sino igualmente con la forma en que está organizada determinada sociedad y la manera cómo se concibe y percibe la intervención política en la vida social.

En el caso colombiano, la transformación de la política, del Estado y de las relaciones de la sociedad, permitieron un ingreso del ciudadano a los asuntos públicos, entre ellos a ejercer el control social y la planificación de su territorio, a partir de nuevas reglas de juego.

Esas reglas de juego fueron inicialmente concebidas y emanadas por un lado, debido al desgaste del sistema y el régimen político, que no representaba los intereses de múltiples de los ciudadanos tanto de los sectores rurales como urbanos del país, y por otro lado, debido al ejercicio democrático de concreción de intereses y visiones, en la Constitución Política de 1991.

Sin embargo, la promulgación de dicha Constitución Política, era tan solo un paso en la idea de democratización de la sociedad colombiana, pues lo importante era lograr el tránsito en el cual la democracia formal se concretiza, la democracia política se extiende a todos los sectores de la sociedad y la democracia representativa se complemente con mecanismos de democracia directa.

Fabio E. Velásquez C , asume que en un sistema de democracia representativa, las decisiones que afectan a la colectividad no son tomadas directamente por quienes forman parte de ella, sino por personas elegidas para tal fin. Dos rasgos caracterizan la representación: de un lado los elegidos, al asumir su función, entienden que gozan de la confianza de sus electores, por lo cual no se sienten responsables entre ellos. Actúan en consecuencia como fiduciarios. De otro, su condición de representantes los liga a la tutela de los intereses generales del conjunto de la sociedad y no de intereses particulares de grupos determinados.

El modelo de democracia directa recupera el principio de la participación de los asociados en la toma de decisiones, y que tiene como punto de referencia el modelo clásico de democracia griega. En su forma pura, la democracia directa supone que todas las decisiones son tomadas por todos los ciudadanos.

Finalmente, para ejemplificar esta idea democrática de Control social en el caso colombiano, el maestro Estanislao Zuleta aseguraba, que la idea de una apertura democrática es un concepto de la sociedad:

Que la gente pueda opinar no es suficiente, que pueda actuar es necesario, y que pueda actuar en aquello que le interesa, en su comunidad, en su barrio, en su municipio. Pero para poder actuar tiene que tener bases, instrumentos culturales y materiales; la creación de un mundo de instrumentos colectivos, es la apertura democrática.



En conclusión, la idea de democracia, y especialmente su modelo representativo, a través del cual determinados grupos de ciudadanos que visibilizan su idea de futuro y su manera de controlarlo, es hoy por hoy, una búsqueda permanente de todos los gobiernos de la región latinoamericana, no sólo presentando las bases jurídicas para tal fin, sino a su vez, respetando los diversos espacios y mecanismos de discusión y aprobación sobre el llamado desarrollo social; fundamento para el mantenimiento de una verdadera democracia.

También es cierto, que en la misma línea de fortalecimiento de la democracia está la idea de modernización de los partidos políticos, como espacios de representación de intereses, y de concreción de ideas colectivas de desarrollo. Son también ellos, no sólo desde la posibilidad de control político de los gobiernos de turno, sino también y muy importante, desde la misma formación política de ciudadanos, los que concretan la idea de futuro y progreso.